Las leyes de los ricos empresarios

01 febrero 2024

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El “paquete de leyes” que aún no tiene un documento definitivo será discutido nuevamente en el Congreso de la Nación en una jornada que promete más represión para quienes nos manifestamos en las calles. Gendarmería, Prefectura y Policía Federal prepara un nuevo megaoperativo que ayer dejó detenidos y varios heridos.

Llegando las 17 horas los diputados no contaban con un documento definitivo, un texto por el cuál oponerse o apoyar. La “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” empezó con 664 artículos, luego en dictamen de mayoría quedaron 525 porque en minutos eliminaron 164. La irregularidad es tal que los representantes del pueblo argentino no tienen qué votar.

Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no el presidente ni los diputados, expresó que la ley de bases "se tiene que tratar ya", resaltando que “ya habían sacado el capitulo fiscal para se pueda avanzar en el Congreso. Es muy importante entenderlo. Es una ley que ha tenido un montón de cambios y es hora de tratarla", dijo Bullrich horas antes de dar órdenes de reprimir.

Sobre el poder concentrado y la paradoja que traen los superpoderes de Milei: ajuste, liberalismo, despidos, desguace del Estado y más impuestos, nuestro Secretario General, Daniel Catalano expresó: “Uno de los puntos más graves es la delegación de facultades en términos vagos y generales. Esta “imprecisión” da márgenes enormes para la discrecionalidad, la arbitrariedad y gobernar por decreto, sin el control legislativo y no lo podemos permitir es la antidemocracia institucionalizada”. 

Resignar la soberanía y desfinanciar el país

Desde antes de asumir, Javier Milei propone el desguace del Estado. En el último dictamen, 36 empresas públicas quedaron expuestas a privatizar, mientras que hay tres sujetas a privatización parcial. Entre las empresas estatales a privatizar se encuentran: la Administración General de Puertos S.E, Aerolíneas Argentinas S.A, Aguas y Saneamiento Argentinos S.A, Bancos de Inversión y Comercio Exterior S.A, Casa de Moneda S.A, Contenidos Públicos SE, Corredores Viales SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina SE, Dioxitek SA, Educr S.E, Empresas Argentina de Navegación Aérea SE, Energía Argentina SA, Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA Fabricaciones Militares SE, Ferrocarriles Argentinos SE, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, Intercargo S.A.U, Nación Bursátil S.A Pellegrini S.A, Nación Reaseguro S.A, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios S.A, Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, Polo Tecnológico Constituyente SA, Radio y Televisión Argentina SE, Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, Talleres Navales Dársena Norte SACI y N., Telam S.E, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SAPEM, Belgrano Cargas y Logísticas SA, Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E, Operadora Ferroviaria S.E, Vehículo Espacial Nueva Generación SA, Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y entre las empresas sujetas a privatizaciones parciales se encuentra el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina SA, Empresas Argentina de Soluciones Satelitales SA.

Según un informe del Centro de Economías Publicas Argentinas (CEPA) entre las empresas estatales existen varios subgrupos: empresas modelo con impacto en la economía argentina, empresas en sectores estratégicos, las empresas de servicios esenciales y medios públicos: democratización de la información.

“En su visión dogmática del funcionamiento de la economía, no distingue si las empresas a privatizar son o no rentables, si proporcionan o no un bien público, si sirven o no al interés nacional, si su eliminación reportaría una mejora de algún tipo para la sociedad o si el mercado absorbería o no esa función”, explican.

“Las empresas modelo con impacto en la economía son ejemplo de empresas que funcionan eficientemente, que generan ganancias de manera regular y que, además, cumplen un rol estratégico en la economía argentina”, destacaron. Además, en el caso de las empresas en sectores estratégicos, “hay empresas públicas cuyo rol es estratégico en sectores clave como el sector nuclear, telecomunicaciones y defensa. Su privatización implicaría desregulaciones y pérdida de soberanía: casos de Aerolíneas Argentinas, EANA, Intercargo, ARSAT, Corredores Viales, Nucleoeléctrica, Dioxitek, Correo Argentino, Corredores Viales, FFMM y Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Tandanor y AGP”, subrayaron. 

El CEPA con números concretos explica que los servicios esenciales que el Estado brinda son meramente para mejorar la calidad de vida de la población y abaratar costos de energía, gas y transporte. En tanto, a los medios públicos  revelan que “en democracias alrededor del mundo, los medios públicos son considerados de suma importancia debido a su significado para cada nación. Por esta razón, las entidades encargadas de implementar instrumentos internacionales de derechos humanos respaldan y reafirman su existencia y desempeño en el contexto del Pluralismo Informativo y la Diversidad Cultural”.

Derechos laborales, afuera.

En la sección I de Ley de Empleo Público intentaran crear un Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional para los agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos queden suprimidos en función de las medidas que se tomen. Funcionaría en el ámbito de un Ministerio no describe en cuál. Asimismo, promueven la reinserción laboral privada de agentes públicos. Crea un régimen al respecto y exime de cargas sociales durante un lapso de tiempo acotado, en la contratación de agentes públicos. Y detalla el pase a disponibilidad que será por el período de un año. Se podrá ocupar un lugar en la Administración Pública, o en privado o formalizar otro vínculo laboral. Y como si fuera poco, cumplido los 12 meses son indemnizados por un salario por año o fracción mayor a tres meses y en caso de que vuelvan a ingresar en el Estado antes de los cinco años van a tener que devolver la indemnización percibida en cuotas.

En detrimento de más derechos, disponen que “los agentes pueden ser destinados a las tareas de otra categoría o nivel para la consecución de los objetivos del trabajo. Podrán hacer acuerdos con la Municipalidad o provincias. Las adscripciones no pueden acceder los 365 días corridos”.

Evaluación anual, afuera. Sustituyen el art. 18. Igualdad de oportunidades de carrera. Sólo se promueve a cargos vacantes por sistema de selección de antecedentes, méritos y aptitudes. 

Con respecto a la jubilación sustituyen el art. 20 de jubilación que era más complejo y daba un año más después de la intimación para seguir trabajando. Esta modificación indica que pueden ser intimados cuando cumplan los requisitos para la jubilación.

En la Sección II sobre Negociaciones Colectivas derogan el inc. J del art. 3 de la ley 24.185 que incluía a los Sectores de la Administración Pública que no estaban incluidos, esta ley los excluye. Por lo que los Sectores que no están incluidos no se van a regir por la misma. Al mismo tiempo, intentaran suplir el art. 13 dando de baja el aporte solidario, configurando un gran golpe a la organización de los y las trabajadoras y la libertad sindical. Y para corolario, incorporan como artículo 16 bis el descuento de los días por derecho a huelga.

Desde el campo popular no vamos a abandonar la lucha ni dejar de apoyar a los diputados que defienden nuestros derechos. Tampoco vamos a dejar de denunciar la violencia institucional, la represión y la violencia política dentro y fuera del parlamento. Las leyes de los ricos deben caer por un Congreso activo, democrático y no delegativo y pro empresarial.

Fuente: Informe CEPA ( https://centrocepa.com.ar/informes/462-el-rol-del-estado-en-la-economia-y-sectores-estrategicos-analisis-de-las-empresas-publicas-sujetas-a-privatizacion-por-el-gobierno-de-milei )