30 septiembre 2026
La promoción que se realizó en Caritas Argentina, reunió a diputados y diputadas nacionales de distintos bloques con representación de 11 provincias, junto a Cáritas, TECHO y otras organizaciones sociales. Entre los presentes estuvieron: Alejandra Basso, delegada de la Junta Interna de ATE, Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina; Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas); Fernanda Miño (Unión por la Patria); Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Araceli Ledesma, líder de Desarrollo Comunitario de la ONG TECHO.
El proyecto plantea un piso anual de recursos ligado al Producto Bruto Interno entre 2027 y 2036. En los tres primeros años fijó un mínimo del 0,0375% del PBI y previó un incremento gradual hasta el 0,1125% en el tramo 2034-2036. No propuso crear impuestos: los fondos debían salir de rentas generales. Además, propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana.
El proyecto tira para atrás el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana dispuesto por el Decreto 312/2025: deroga los artículos centrales que ordenaron su disolución y restablece el FISU y su marco normativo anterior.
Además, establece que el Fondo continúa sin interrupción, recuperando su actividad, patrimonio, derechos y obligaciones, y deja sin efecto los actos de disolución y liquidación realizados a partir de ese decreto. Y lo más importante: blinda jurídicamente al FISU hacia el futuro.
El Fondo no podrá ser disuelto, liquidado, transformado, absorbido, sustituido ni podrá cambiarse el destino de sus recursos por una decisión administrativa. Para hacerlo será necesaria una ley del Congreso de la Nación.
En síntesis: No solamente vuelve a poner en funcionamiento el FISU y revierte su cierre: lo protege por ley para que ningún gobierno pueda volver a eliminarlo por decreto.
El alcance de la discusión involucró a más de cinco millones de personas residentes en los 6.467 barrios populares del RENABAP, entre ellas unos 1,7 millones de niños y niñas. Desde nuestro sindicato se advirtió que “sostener las políticas dirigidas a esa población exigía, además del presupuesto, conservar las áreas estatales y los equipos de trabajadores que llevan adelante los programas”.
Entre los principales fundamentos de quienes impulsaron la medida figuró el estado de las obras. Según la Mesa Nacional de Barrios Populares, 671 proyectos de agua, cloacas, conectividad y otras intervenciones permanecían paralizados en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese deterioro también se reflejó en la ejecución destinada a las obras de integración sociourbana. Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete, los desembolsos del FISU se redujeron fuertemente, mientras cientos de proyectos permanecen paralizados.
Sin embargo, desde ATE Capital advertimos que el FISU mantiene importantes recursos financieros. De acuerdo con la información que manejan las áreas, el Fondo cuenta actualmente con casi $300.000 millones, con recursos colocados en Letras del Tesoro y bonos, un fondo común de inversión y cuentas del Banco Nación. Por eso, desde el sindicato planteamos que el problema no es solamente la falta de ejecución, sino la decisión sobre el destino y utilización de esos recursos para garantizar la continuidad de las obras.
La presentación busca trasladar esa discusión al Congreso y establecer por ley un horizonte presupuestario hasta 2036, con el objetivo de reactivar las obras paralizadas y evitar que su financiamiento dependa exclusivamente de las partidas definidas cada año.
Desde ATE Junta Interna y Cuerpo de Delegades de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y SISU expresaron: “acompañamos la iniciativa de la Mesa Nacional de Barrios Populares y sostenemos la necesidad de garantizar el financiamiento, reactivar las obras y preservar las capacidades, funciones y puestos de trabajo del Estado necesarios para ejecutarlas”.
“Detrás de cada expediente, proyecto, convenio y certificación hay una obra que debe realizarse; y detrás de cada obra paralizada hay familias esperando agua, cloacas, electricidad, calles, infraestructura y condiciones dignas de hábitat”.
